El «procés» deja tras de sí un tejido empresarial catalán profundamente debilitado. La fuga de compañías de la comunidad, materializado a través de los cambios de sede social a otras comunidades, supera las 5.000 empresas desde 2017, año en el que se celebró la consulta soberanista, hasta el primer trimestre de 2019. Así lo reflejan los últimos datos del Colegio de Registradores, que recoge 5.244 cambios de sede social de compañías radicadas en Cataluña que han optado por irse de la región desde enero de 2017 a marzo de 2019. Los días posteriores a la consulta del 1-O se fueron de la región empresas de la talla de Caixabank, Banco Sabadell, Abertis, Gas Natural Fenosa y Cola-Cao.
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