Es uno de los muchos casos empantanados en la justicia andaluza como por ejemplo los casos Jeremie, UGT, FAFFE, el caso ERE y sus más de 200 piezas separadas, el caso Avales I y II y otros importantes, además de otros menores.
Como el caso de los Avales, igualmente vinculado a la Agencia IDEA, este caso de las transferencias de financiación había caído en el pantano judicial y sus lentitudes exasperantes. Fue el juez Álvaro Martín, juez de refuerzo en el juzgado de la juez Alaya, que investigó las seis primeras piezas en que se destripó el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía, el que abrió esta nueva macrocausa.
Se trataba de investigar las transferencias de financiación de la Junta a favor de IFA/IDEA pero procedentes de otros programas distintos al 31L y de éste mismo, por el que se concedieron las ayudas de los ERE. Esto es, se investigaba si en realidad se había configurado un gigantesco fondo de reptiles para huir del Derecho Administrativo y la legalidad.
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Víctimas y vividores
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